Cuando llegan las elecciones los partidos políticos dicen que se van a preocupar por las necesidades de las familias. Es entonces cuando anuncian soluciones para paliar un problema generalizado: ¿qué hace una joven madre para ir a trabajar si no consigue la difícil tarea de encontrar una plaza en una guardería pública? Pues remitiéndome a un caso cercano, una chica encontró un empleo después del nacimiento de su hijo con un sueldo modesto, el salario mínimo. Como no consiguió una plaza pública de guardería, para poder trabajar tendría que asumir el coste en un centro privado que rondaba los 400 € mensuales y que con los extras siempre sobrepasaba los 500 €. Pues bien, si a esto tenía que sumar la canguro para ir a recogerla y un par de horas hasta que llegase de su puesto laboral, más la tarjeta de transporte, su sueldo se quedaría prácticamente en cero.
Resultado. Decidió no aceptar el empleo, consumir el subsidio del paro que le quedaba y así, por lo menos, podría criar a su bebé los primeros meses y esperar conseguir en el siguiente curso una de las ansiadas plazas públicas.
El Gobierno actual prometió educación gratuita de 0-3 años
Tal y como publicamos en un artículo el 7 de noviembre de 2019, durante la campaña a las elecciones generales, el PSOE decía muy claramente en su programa que iba a establecer la universalización de la educación infantil para niños y niñas menores de 3 años a través de una red de recursos integrada, pública y gratuita. Para más adelante anunciar que, conjuntamente con las comunidades autónomas, crearían «un plan de extensión de la educación infantil, con una red pública e integrada de recursos, que garantice una oferta suficiente de plazas públicas para niños y niñas menores de 3 años».
Por su parte Podemos, y de forma muy similar a lo enumerado en el programa del partido socialista, manifestaba que «en la siguiente legislatura, y en coordinación con las demás Administraciones, configuraremos un sistema de educación infantil (de 0 a 3 años) que ofrezca una cobertura universal, pública y gratuita a todas las criaturas al terminar los permisos parentales remunerados de sus progenitores y progenitoras».
Han pasado ya casi dos años desde que empezara su andadura el gobierno de coalición PSOE-Podemos y en uno de los puntos coincidentes, casi exactos, que tenían sus programas, no han tomado ninguna medida sobre las guarderías gratuitas que proclamaron tan vehementemente ambos partidos y, que por supuesto, a estas alturas de la legislatura ya no «habrá tiempo» para que se realicen.
Eso sí, el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, si que ha tenido tiempo para gastarse sus más de 500 millones de euros de presupuesto, partidas en informes y campañas tan estúpidas como si las niñas y los niños van de rosa o azul o si hay juegos sexistas. Es el caso del informe encargado con el pretencioso título «Publicidad y campañas navideñas de juguetes: ¿promoción o ruptura de estereotipos y roles de género? Entre sus conclusiones asegura que la «opresión del color rosa sobre las niñas es una constante» en referencia al «abuso» de dicho tono en la industria del juguete.
Y para no alargarnos me limitaré simplemente a mencionar lo que ha hecho el Ministerio de Educación con respecto a esta problemática social: nada. Se ha limitado a promulgar la ‘Ley Celaá’, con un carácter puramente ideológico y poco técnico en cuestiones educativas.
Ayuso con el apoyo de Vox dan un paso adelante
Pero por fin un político, en este caso dos mujeres, dan un paso adelante en este sentido. Y, aunque todavía no es la panacea, por lo menos se vislumbra que en un periodo de cuatro años la enseñanza de 0-3 años, la FP y el bachillerato sean gratuitos. Tal y como anunció Rocío Monasterio, portavoz de Vox.»Una medida fundamental y que para nosotros es importantísima es que el Gobierno de la señora Ayuso ha accedido a nuestra petición de que la educación de cero a tres años, en Bachillerato y en FP sea totalmente gratuita en Madrid para todo el mundo».
Hay que reconocer que este acuerdo sobre guarderías gratuitas todavía es limitado y que de momento es solo un «avance en la gratuidad» de estas etapas no obligatorias a través de la concesión de cheques -actualmente sólo se dan para guarderías y con importes de entre 100 y 160 euros mensuales- a lo largo de «entre tres y cuatro ejercicios presupuestarios». No podrán optar a esta subvención las rentas por encima de la media del PIB per cápita de la región. Es decir, quedarán excluidos de esta medida los hogares en los que los ingresos totales entre los miembros de la unidad familiar supere los 35.000 euros brutos anuales.
Según ha explicado el consejero de Hacienda, «se va a ir incrementando al mismo tiempo la cuantía del cheque, del bono o como se le quiera llamar, y el número de personas al ritmo de un 33% cada año de cero a tres años en los próximos tres años y de un 25% cada año en FP y Bachillerato en los siguientes cuatro años». Esto tendrá un coste de 62,5 millones de euros en 2022 y de entre 200 y 240 millones cuando esté implantado totalmente.
Queda todavía tiempo para que se implante completamente. Pero hay una cosa clara, todas las mujeres que tengan hijos en Madrid tendrán posibilidades reales de poder trabajar tras el nacimiento de un hijo.
Bien hecho Ayuso, este tipo de acuerdos son los que verdaderamente consiguen avances en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, especialmente entre las capas sociales más desfavorecidas. Otros grupos políticos, sin embargo, enfocan todas sus energías en el apoyo a colectivos muy minoritarios –también hay que hacerlo, por supuesto- y en filípicas peregrinas sobre que juguetes o color de ropa oprime a las niñas.
